Las
consecuencias del real Decreto Ley
16/2012 para la salud pública en España son nefastas. Dicha ley fue pensada
como una medida urgente para garantizar la sostenibilidad de los servicios
sanitarios. Sin embargo, no solo evaporó los principios de equidad y
universalidad del sistema sanitario, sino que también puso en riesgo la salud y
la vida de todas las personas que viven en España.
La
campaña <<Yo Sí, Sanidad Universal>> comenta que esta ley ha creado
gran confusión en
el personal sanitario.
Por ejemplo, para los
casos
de pacientes con VIH o tuberculosis
en los que las personas tienen derecho a medicamentos sin
importar su origen o condición laboral, el personal sanitario no sabe como
actuar, ya que los pacientes no se encuentran en el sistema o poseen tarjeta
sanitaria. Esto implica que los pacientes vayan de ventanilla en ventanilla buscando
respuestas que en muchos casos no encuentran antes de que sea demasiado tarde. Como
fue el caso de
Alpha Pam, quien tras intentar acceder a
los servicios sanitarios durante seis meses sin conseguirlo, murió de
tuberculosis sin conocer su diagnóstico.
Helena Legido-Quigley, investigadora de la London School of Hygiene, deja claro que España está en riesgo de
seguir los pasos de Grecia, en donde los casos de VIH, tuberculosis e incluso
de malaria, se han disparado desde que empezaron los
recortes en sanidad. En España, ya hemos visto como a solo un año de que esta
ley entrara en vigor se está negando servicios a personas con enfermedades
crónicas. Aunque sea obvio, es importante mencionar que a las personas infectadas
con VIH o tuberculosis y a las cuales se les niega tratamiento se les está
violando su derecho universal a la salud. El mismo derecho que se nos está
violando a todos nosotros porque nuestra salud ahora también está a mayor riesgo
de contraer estas enfermedades.
La
pregunta del millón es ¿cuánto realmente nos estamos ahorrando con estos
recortes?
Los
expertos explican que los recortes
en sanidad no suponen un gran ahorro para el estado español. Antes del 2012, el
sistema sanitario español era uno de los mejores y más económicos del mundo, destinando
solamente el 7% del PIB; lo cual es un porcentaje bajo comparado con los otros
países europeos.
Hasta
la fecha no hay evidencia que demuestre que el Real Decreto Ley 16/2012 sea efectivo a la hora de
garantizar la sostenibilidad de los servicios sanitarios. Lo que está claro es
que nos está damnificando a todos.
