En
el último par de meses hemos intentado plasmar a través de nuestros post, la
realidad de la sanidad pública española desde el punto de vista de los
diferentes colectivos que han sido afectados por las reforma sanitaria de 2012.
En
nuestra formación como salubristas hemos aprendido que es importante ponernos
en la piel de los demás a la hora de tomar decisiones importantes, para poder
tener una mínima idea del impacto que las mismas pueden tener en ellos.
Es
por eso que nos esforzamos para contactar con individuos de los sectores que
han sufrido la reforma y poder expresar así sus sentimientos y sus puntos de
vista al respecto.
Esperamos
que nuestro blog os ayude a entender mejor la importancia del sistema sanitario
en una sociedad.
Estamos
convencidos de que un sistema nacional de salud gratuito y sostenible es
posible, dentro del cual todos estemos cubiertos sin obstáculos.
El acceso a los servicios sanitarios de los mayores institucionalizados
Al hilo de lo que comentábamos en
el post PRÓFUGOS POR SALUD, hay mucha gente que se ve afectada por las reformas
de las leyes de sanidad, por el tiempo de crisis, por la escasez de recursos,
por los problemas de financiación… Y hay mucha gente que protesta por ello,
pero hay otras personas que están apartadas (o aparcadas) de la sociedad, los
mayores que viven en residencias de la tercera edad.
Imaginemos esta situación:
Anciana de 88 años con cierto nivel de dependencia, pluripatológica,
plurimedicada y que como una gran cantidad de sus coetáneos vive en una
residencia de ancianos.
Muchas de las razones que
esgrimen familiares de personas mayores dependientes es que van a recibir en
las residencias una mejor atención de la que le podrían proporcionar ellos en
sus domicilios particulares. Pero ¿Es esto siempre así?
Si esta anciana de la que hablaba
antes tuviera una descompensación cardiológica o una infección de vías
respiratorias y estuviera en su domicilio familiar, los familiares tendrían la
opción de acudir al centro de salud para que fuera atendida por su médico de
cabecera o incluso que fueran a visitarla a su casa; o como ocurre en muchas
ocasiones acudir a los abarrotados servicios de urgencias que tenemos en
nuestro país.
¿Qué pasa cuando vive en una
residencia? Ante afecciones no graves o llamémoslo urgencias no vitales si
tiene la suerte de tener un equipo médico para su asistencia en la residencia
aquí se acabaría la historia. Pero esto desgraciadamente no es así, o no
siempre. Muchos de las residencias con las que contamos en nuestra comunidad
son residencias benéficas, sin ánimo de lucro y muchas de ellas cuentan con
médicos jubilados que van un día o dos a la semana a pasar una consulta de
forma altruista, aunque casi todas cuentan con equipo de enfermería y
auxiliares de enfermería.
A no ser que un médico esté, por
suerte, ese día en la residencia; si nuestra anciana tuviera una afección que
no pusiera en riesgo (de manera inmediata) su vida, la respuesta que en muchos
casos se da es simplemente esperar. Ni siquiera hacer uso de los centros de
salud a los que pertenecen por zona las residencias. Así pues enfermedades que
podrían ser tratadas sin problema terminan muchas veces por agravarse y estos
ancianos entran en el sistema de salud por la puerta de urgencias que tan
colapsada está.
Problema de gestión, problema de
la administración, problema de la legislación… Lo único que sé es que esto es
un problema y que con el aumento de población anciana puede convertirse en una auténtica
catástrofe de salud pública.
S. D.
P.D.: Siempre es buen momento
para recomendar una buena película, ésta sobre la vejez: ARRUGAS
Las
consecuencias del real DecretoLey
16/2012 para la salud pública en España son nefastas. Dicha ley fue pensada
como una medida urgente para garantizar la sostenibilidad de los servicios
sanitarios. Sin embargo, no solo evaporó los principios de equidad y
universalidad del sistema sanitario, sino que también puso en riesgo la salud y
la vida de todas las personas que viven en España.
el personal sanitario.Por ejemplo, para loscasos
de pacientes con VIH o tuberculosis en los que las personas tienen derecho a medicamentos sin
importar su origen o condición laboral, el personal sanitario no sabe como
actuar, ya que los pacientes no se encuentran en el sistema o poseen tarjeta
sanitaria. Esto implica que los pacientes vayan de ventanilla en ventanilla buscando
respuestas que en muchos casos no encuentran antes de que sea demasiado tarde. Como
fue el caso de Alpha Pam, quien tras intentar acceder a
los servicios sanitarios durante seis meses sin conseguirlo, murió de
tuberculosis sin conocer su diagnóstico.
Helena Legido-Quigley, investigadora de la London School of Hygiene,deja claro que España está en riesgo de
seguir los pasos de Grecia, en donde los casos de VIH, tuberculosis e incluso
de malaria, se han disparado desde que empezaron los
recortes en sanidad. En España, ya hemos visto como a solo un año de que esta
ley entrara en vigor se está negando servicios a personas con enfermedades
crónicas. Aunque sea obvio, es importante mencionar que a las personas infectadas
con VIH o tuberculosis y a las cuales se les niega tratamiento se les está
violando su derecho universal a la salud. El mismo derecho que se nos está
violando a todos nosotros porque nuestra salud ahora también está a mayor riesgo
de contraer estas enfermedades.
La
pregunta del millón es ¿cuánto realmente nos estamos ahorrando con estos
recortes?
Los
expertos explican que los recortes
en sanidad no suponen un gran ahorro para el estado español. Antes del 2012, el
sistema sanitario español era uno de los mejores y más económicos del mundo, destinando
solamente el 7% del PIB; lo cual es un porcentaje bajo comparado con los otros
países europeos.
Hasta
la fecha no hay evidencia que demuestre que el Real Decreto Ley16/2012 sea efectivo a la hora de
garantizar la sostenibilidad de los servicios sanitarios. Lo que está claro es
que nos está damnificando a todos.
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